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30 mayo, 2018Volkswagen pagará 14.700 millones de dólares en Estados Unidos por el escándalo de los motores diésel maniobrados, según consta en los detalles del acuerdo que ha negociado el fabricante con los propietarios y las autoridades estadounidenses.
El periódico The New York Times señaló en su edición digital que, de la cifra total, unos 10.000 millones de dólares estarán reservados para que Volkswagen compre los vehículos trucados a los precios que existían antes del estallido del escándalo en el otoño de 2015.
Además, Volkswagen pagaría 2.700 millones de dólares a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en compensación por el daño medioambiental provocado por los vehículos trucados. A estas cifras se sumaría una contribución de 2.000 millones de dólares para que Volkswagen desarrolle proyectos de nuevos vehículos limpios.
Los propietarios de los casi 500.000 vehículos afectados en Estados Unidos, todos ellos equipados con motores diésel de 2 litros, podrán decidir si quieren que la empresa alemana les compre los automóviles o si se los quedan con la solución que los ingenieros de la empresa han desarrollado para que cumplan las leyes medioambientales del país.
El problema de los motores diésel ilegales es que emiten óxidos de nitrógeno, un producto cancerígeno, en niveles muy superiores a los permitidos por las autoridades estadounidenses.
Volkswagen pagaría 10.033 millones de dólares por la recompra de los 482.000 coches (VW Jetta, Golf, Passat, Beetle y Audi A3 de 2009 a 2015) con el motor de cuatro cilindros 2.0 TDI diésel al que Volkswagen instaló un software para manipular las emisiones.
La solución técnica desarrollada por la empresa alemana, cosiste en que tendrá que conseguir que los motores ilegales no emitan bajo ninguna circunstancia óxidos de nitrógeno por encima de lo autorizado. Pero eso supondrá con casi total seguridad una pérdida de rendimiento de los vehículos, lo que para muchos propietarios será inaceptable.
Volkswagen todavía se enfrenta a una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, una demanda de la Comisión Federal de Comercio y decenas de investigaciones estatales.
